La delicada situación política por la que atraviesa España, como consecuencia de la gravísima vulneración de los más elementales principios y normas de la convivencia democrática establecidos en nuestro Ordenamiento jurídico, protagonizada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ha producido una lógica preocupación entre todos los demócratas españoles, que observamos sorprendidos y alarmados la continua exclusión y marginación cívica y social que sufren la mayoría de los ciudadanos catalanes respetuosos con el Estatuto de Cataluña y con la Constitución de 1978 (de la que este año se cumple su cuarenta aniversario) .
Con la aprobación de la Constitución de 1978, basada en el acuerdo generoso de las fuerzas democráticas españolas, se inició el periodo más extenso de convivencia democrática de nuestra historia; es decir, el espacio temporal de paz y progreso más amplio basado en la primacía de la ley, del Derecho, en la protección, defensa y promoción del ejercicio de los derechos humanos y en el pleno respeto a las peculiaridades culturales y lingüísticas de los territorios que integran España. Además, gracias a la promulgación de esta Carta Magna fue posible la incorporación del Reino de España a la Unión Europea y el impulso de nuestro actual desarrollo político, económico y social, hoy plenamente reconocido a nivel mundial.
En este contexto, debemos recordar, frente a la violación permanente del ordenamiento constitucional y estatutario por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de la democracia. En efecto, un estado democrático, y el nuestro lo es, se fundamenta, entre otros, en el Principio de Legalidad, que supone el sometimiento de los poderes públicos de Cataluña a la Constitución, al Estatuto a la Ley y al Derecho. Por ello es necesario y urgente poner fin, de forma dialogada y armónica, a la persecución y humillación de los demócratas catalanes que defienden la primacía del ordenamiento constitucional y el estatutario.
La Asociación de ex diputados y ex senadores del Reino de España, consciente y preocupada por la gravedad de las continuas vulneraciones de los principios democráticos en Cataluña, al amparo de su naturaleza y sus funciones, y orientada por el sentido de responsabilidad que justifica su creación, considera urgente:
- La defensa de España como espacio de libertad y progreso que hace iguales a todos los españolen, según declara nuestra Constitución.
- La eliminación de las agresiones y las prácticas discriminatorias de la Generalitat de Cataluña contra las instituciones democráticas y los ciudadanos catalanes que defienden el ordenamiento legal, la democracia y el sistema autonómico de Cataluña.
- El restablecimiento del respeto a la libertad de expresión y el cese de la persecución, jurídica o fáctica cuyo resultado es la generación del odio, el resentimiento y la quiebra de la convivencia democrática.
- La reafirmación de la unidad de España como fundamento esencial del Estado autonómico y solidario proclamado por la Constitución, en la que se reconoce la autonomía política y la igualdad de todas las personas así como la diversidad cultural de las nacionalidades y regiones que la integran.
- El apoyo a las distintas lenguas de España como valioso patrimonio de comunicación común entre todos los españoles, en el marco de la pluralidad de nuestro país. En este sentido, debemos rechazar radicalmente la utilización de la lengua como medio de opresión, división, exclusión o sometimiento ideológico.
- La protección, en el contexto del Estado social y democrático de Derecho definido en nuestra Constitución, del principio de igualdad de todos los españoles, ya que todos estamos amparados por los mismos derechos y obligaciones, independientemente de la comunidad de origen, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por causa alguna.
- El rechazo categórico tanto de la consideración de “presos políticos” de los políticos en prisión por el intento de subvertir gravemente la democracia en Cataluña, como de las presiones existentes para que se incumplan los procedimientos o decisiones judiciales.
- La reafirmación de la democracia real, basada en el Derecho y en la centralidad de la dignidad humana amparada por todos los Poderes públicos, de acuerdo con el artículo 9.2 de la Constitución, con los medios que sean necesarios para hacer posible el libre y solidario desarrollo de todos los españoles con independencia del territorio de residencia.
La Asociación de ex diputados y ex senadores de las Cortes Generales, cuyos miembros hemos tenido el alto honor de servir a España y a los españoles en unas etapas verdaderamente significativas para la consolidación de la democracia en nuestro país, no puede ni debe estar callada en estas penosas circunstancias. Es nuestra responsabilidad, que asumimos libremente. En consecuencia, abogamos por:
- La adopción urgente por el Gobierno de la nación y por las demás instituciones públicas de los mecanismos necesarios para la defensa del ordenamiento constitucional, el sistema de libertades y la normalización de la vida democrática en Cataluña.
- La salvaguarda del normal ejercicio de la función judicial, así como de las competencias atribuidas a los demás funcionarios e instituciones del Estado en Cataluña.
- La recuperación del diálogo entre las principales fuerzas políticas defensoras de la Constitución, que permita armonizar criterios y actuaciones frente a los continuos desacatos propiciados por los movimientos independentistas y populistas en Cataluña.
- La vuelta a la colaboración y al diálogo constructivo y solidario entre todos los partidos políticos con presencia en Cataluña y en el resto de España, que permita restablecer la cordura política, la concordia y el desarrollo económico y social en Cataluña y en toda España, en el seno de la Unión Europea.
- La promoción internacional por parte de todas las entidades públicas y privadas sobre la solvencia democrática del Estado autonómico español frente a la perversión de los mensajes difundidos por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la situación política en dicha comunidad autónoma.
- Intensificar la actividad de la Comisión parlamentaria de actualización del modelo autonómico, que actualmente está constituida en las Cortes Generales, para que continúe sus tareas, en el marco del acuerdo, de forma que se pueda tomar en consideración las propuestas formuladas en 2016 por nuestra Asociación que estime pertinentes.
Frente a los recelos y malinterpretaciones, afirmamos una vez más nuestro respeto y consideración por Cataluña que, unida a los demás territorios del Reino de España, forma parte de un Estado social y democrático de derecho admirado y respetado en todo el mundo. Al mismo tiempo, pedimos a los demás Estados de la Unión Europea que su comportamiento con España sea coherente, y que respeten la labor de los poderes políticos y judiciales de nuestro país, tratando a nuestras instituciones y a sus representantes como corresponde entre países hermanados en el ejemplar proyecto de la Unión Europea.